Informe Legislativo sobre Trata de Personas

Nuestro país históricamente es y ha sido territorio de origen, tránsito y destino de flujos de millones de migrantes, regulares e irregulares, señalando que esta última situación, a la que recurren sobre todo personas en situación de vulnerabilidad, incrementa de manera importante esta condición, sobre todo para mujeres, niñas, niños y adolescentes, y con ello quedar aún más expuestas a ser víctimas de Trata de Personas, principalmente con fines de explotación sexual y laboral.

En México la esclavitud se prohíbe en el párrafo segundo del Artículo 1° de nuestra Constitución, sin embargo somos el segundo país que más víctimas para Trata provee a los Estados Unidos, principal consumidor mundial de personas en situación de Trata. Más de 20 mil niños son víctimas de Trata con fines de explotación sexual, 80% de ellos entre 10 y 14 años de edad. Y aunque se le asocia regularmente con explotación sexual, en el aspecto laboral hay 3.6 millones de personas entre 5 y 17 años, 31% menores de 14 en diversos sectores son explotados y obligados a realizar trabajos peligrosos para su seguridad, su salud y su moral.

Encuentran en condiciones de pobreza, déficit educativo y cultural, violencia intrafamiliar o desempleo, condiciones que se refuerzan por la reproducción de estereotipos de machismo y misoginia. A su vez el incremento de la migración internacional aparejado a políticas cada vez más restrictivas, aumenta de manera significativa el número de migrantes indocumentados que se convierten en presas fáciles.

Este delito florece en México ya que las víctimas y posibles víctimas desconocen sus derechos y los medios para exigirlos, encuentran que es prácticamente imposible hacerlos cumplir en las actuales condiciones de la Constitución y la Ley, mismas que no contemplan las condiciones especiales de las víctimas de este delito, como si lo hacen con respecto a otros crímenes aberrantes, como lo es el secuestro.

Por otro lado, se comete al amparo de la invisibilidad, de la impunidad, de la hipocresía social, de la protección de intereses creados, de leyes ineficaces y un sistema de justicia muchas veces corrupto.

A diferencia del narcotráfico y el tráfico de armas, que venden sus productos una sola vez, el Tratante de Personas --o el explotador que las vende-, ejecuta la acción repetidamente con una persona dejando ganancias superiores, con una probabilidad casi absoluta de no ser castigado. Por eso figuramos como país entre los cinco en el mundo con mayor incidencia de este delito, que va dramáticamente a la alza. Cada día se identifica más a nuestro país como un destino de turismo sexual y hay más sitios tolerados en que se utilizan y ofrecen servicios de personas cada día más jóvenes, incluso niños que se anuncian en medios impresos y electrónicos. Somos el segundo país en apertura de páginas de Internet de pornografía infantil; la explotación sexual de víctimas ocurre en estos sitios, ligados por diferentes vías a otros delitos graves asociados a la delincuencia organizada.

En razón de la casi absoluta impunidad de que goza en México este delito, las organizaciones delincuenciales que han construido estructuras operativas para el trasiego de drogas y armas, están emigrando hacia la Trata de Personas a pesar de que contamos desde 2007 con una Ley Federal en la materia; nueve estados tienen la propia; otros la tienen tipificada en sus códigos penales; cuatro no tienen este delito contemplado.

En lo que hace a la federal, tiene problemas tan grandes como a contrapelo de los tratados internacionales firmados. Considerar el consentimiento como excluyente de responsabilidad restringe las facultades de las entidades y los municipios para el combate a este delito, pero restringe también de manera muy severa las hipótesis en que las autoridades federales pueden intervenir en perseguirlo; se centra en la persecución y sanción del delito, no en su prevención ni en la atención de las víctimas, entre otras muchas deficiencias.

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